El Derecho Penal, es otra de las disciplinas del derecho que también está encaminada a proteger a la sociedad. Sin embargo, esta rama posee características que la distinguen del resto.
Dentro del Derecho Penal, es el Estado quién tiene la potestad de determinar y prohibir ciertas conductas cuando afecten bienes jurídicos y/o aquellas que constituyan un peligro potencial.
De esta forma, el Estado puede acusar y juzgar la conducta del delincuente, tomando medidas con respecto a éste por el tiempo necesario y garantizando de esta manera la tranquilidad ciudadana.
Cada nación cuenta con su propio Código de Derecho Penal, de ahí que existan países más seguros que otros, y con mayor o menos índice de criminalidad.
Sin embargo la jurisdicción jerárquica del estado es la misma en todas las naciones.
Partiendo de lo anterior, podemos decir que el Derecho Penal es aquel conjunto de cánones o reglas que reglamentan y hacen valer el poder disciplinario del Estado.
Esto se lleva a cabo mediante la relación que se establece entre los posibles hechos, y la pena o sanción mediante la cual dichos hechos son castigados.
No son pocos los conceptos que los autores han planteado en la doctrina sobre el Derecho Penal. Algunos lo definen como el grupo de reglas diseñadas por el Estado, donde se identifica al crimen como el hecho, y a la pena como la consecuencia legal o reglamentaria.
Otros lo describen como el conjunto de normas que disciplinan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, donde se establece además qué es el delito, cuál es la responsabilidad del sujeto en la comisión del delito, y cuál es la pena o condena a aplicar.
Por ello se asume que el Derecho Penal tiene como misión la protección de los bienes jurídicos como la vida, la libertad sexual, la propiedad, la Fe pública, entre otros.
De esta forma es necesario aclarar que estos bienes deben de sufrir algún daño o lesión para que se considere un delito.
O de otro modo existir la intensión de provocar el daño o lesión aunque éste no llegue a ocurrir, como es el caso del delito en grado de tentativa.
En el derecho penal, uno de los requisitos es que las leyes estén escritas y con la suficiente claridad que no deje espacio a la ambigüedad y a las dudas.
A diferencia de otros derechos, en el Derecho Penal la interpretación de las normas es muy estricta y no se permite la analogía, ni la supletoriedad.
De forma general el derecho penal ocupa un lugar en el derecho positivo, ya que las decisiones penales tratan de alejar por un tiempo al individuo del resto de la sociedad por considerarlo peligroso o incapaz de adecuarse a normas de convivencia social, ofreciéndole un marco de rehabilitación para que lo logre.
Los orígenes del Derecho Penal son muy antiguos, pues el hombre desde su comienzo como especie sintió la necesidad de castigar a aquel que le provocara un daño o la causara la muerte, NO obstante, el hecho de castigar solía ser identificado con la venganza.
Es así que en las tribus los primeros castigos o prohibiciones, se le atribuían a sus creencias y en ocasiones, el castigo era colectivo para toda la tribu.
Es por eso que las primeras normas nacidas de la costumbre, le permitían a la víctima del delito y hasta a sus familiares la posibilidad de imponer el castigo ocasionando guerras entre clanes.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, no existía una correspondencia entre el delito cometido y el castigo.
Consecuentemente se imponía la venganza privada y, delitos leves, podían ser castigados con la muerte. En otras ocasiones se reponía el daño ofreciendo una compensación económica.
Poco a poco todo esto dio lugar al surgimiento de la llamada Ley del Talión: “Ojo por ojo y diente por diente”.
Con el empleo de esta doctrina quedó establecida una proporción entre el hecho cometido, y el castigo impuesto. Posteriormente este modo de pensar se hizo patente en el Código de Hammurabi y la Ley de Las XII Tablas de los romanos.
Este fue un gran paso de avance para el Derecho Penal, pues ni la víctima, ni sus familiares podían determinar la pena, sino que ya aparecía determinada y escrita legalmente.
En la etapa de la República Romana, la justicia dejó de ser privada y aparecieron por primera vez los tribunales con la difícil misión de tipificar los delitos.
En la Edad Media, los delitos se igualaban a los pecados, y en el siglo XI, el rey español Alfonso X, estableció condenas tan duras como la muerte, la tortura, el destierro y la confiscación de bienes.
En el siglo XVIII, aparece un importante cambio, la concepción humanista de Becccaria, estableció que las leyes son las que imponen las penas, y que éstas últimas deben guardar relación con la gravedad del hecho. Gracias a este autor se suprimió la tortura.
Luego, en la década del 90, brotaron nuevas ideas más avanzadas encaminadas a la rehabilitación del delincuente.
Con ello surgieron nuevas medidas que sustituían a la prisión, como es el caso del trabajo correccional y la reclusión domiciliaria.
Actualmente, continúa siendo un tema de discusión, el hecho de determinar si el endurecimiento de las penas y la baja edad de imputabilidad penal, se relacionan con la despenalización de algunos hechos que con anterioridad eran constitutivos de delitos, como es el caso del adulterio, el aborto y el consumo de drogas.
El Derecho Penal se puede clasificar teniendo en cuenta su alcance y contenido. En este sentido la clasificación se divide en dos grupos: el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo, también conocido como derecho procesal penal.
Como su nombre indica el derecho penal sustantivo es aquel en el cual se establecen las normas como tal.
El Derecho Procesal Penal, por su parte, es un complemento del sustantivo, ya que en él se establece cómo se aplicarán tales normas, o sea, cuáles son los pasos a seguir para hacer valer el Código Penal.
El Derecho penal objetivo puede ser definido como el conjunto de facultades que el derecho le otorga a alguien para castigar e imponer sanciones a los individuos que no cumplan con lo que establece la ley.
De esta manera también puede ser visto como la parte del ordenamiento jurídico que establece las normas que regulan el poder punitivo del Estado.
Entre estas normas se establecen relaciones de subordinación y coordinación. Ésta última referida a que las leyes creadas modifican al resto del sistema, por lo que cada una debe de interpretarse teniendo en cuenta su relación con las demás.
Es así que las leyes del derecho objetivo deben de ser coherentes, o sea, no pueden ser contradictorias. Debe de existir un supuesto hecho bien definido, y en consecuencia una condena jurídica.
Partiendo de ello podemos decir que las leyes penales deben de ser abstractas y generales, porque no se debe describir un caso en concreto, sino, debe dejar margen a situaciones similares.
Estas normas tienen también un carácter coercitivo, porque es de estricto cumplimiento y observancia.
El Derecho Penal como otras ramas del derecho tiene sus características, entre las que se destacan las siguientes:
Se ubica dentro del Derecho Público, ya que la relación entre el Estado y el incriminado es una relación de jerarquía en la cual el Estado acusa, por ejemplo a través de los fiscales y al mismo tiempo juzga, a través de los tribunales.
En consecuencia la justicia que establece los procesos penales es distributiva, al regular las relaciones entre el Estado y sus gobernados.
Por otra parte el Derecho Penal es la última instancia jurídica para sancionar una conducta. Esto tiene lugar porque el legislador trata de que sea punible un hecho, cuando con otras medidas no se llega a corregir la acción y al final como resultado hay que sancionar.
Ejemplo, si se vende un bien ajeno, la sanción civil, será restituir el precio pagado; pero si esta venta se realiza con engaño, estamos en presencia de una estafa y esta conducta por ser inadaptada o inapropiada, debe de ser penalizada.
Otra de las características del Derecho Penal es que el titular del derecho es el Estado, siendo éste e el único que puede prohibir ciertas conductas y sancionarlas con la imposición de una pena.
No obstante, este órgano es el encargado también de velar porque las conductas y sanciones garanticen la integridad psíquica y física del sancionado.
Dentro del conjunto de normas que conforman el derecho penal, aparecen las normas prohibitivas, que son aquellas que estipulan las características del delito y todos los elementos que lo conforman.
También aparecen las normas prescriptivas, que no son más que aquellas regulaciones que describen y penalizan un delito por omisión, es decir, incurrir en una conducta delictiva por dejar de hacer algo y no actuar.
Por último aparecen las normas permisivas o excepciones, las cuales permiten que la víctima actúe en su legítima defensa, aunque el resultado final conlleve a la comisión de un delito.
El Derecho Penal tiene como principios los siguientes:
La presunción de inocencia: Entendida desde el supuesto de que toda persona en principio es inocente, hasta que su culpabilidad pueda ser demostrada con hechos concretos, objetivos y fidedignos.
La igualdad ante la ley: Establece que todas las personas al ser juzgados deben de responder de la misma manera y bajo los mismos cánones y regulaciones legales, con independencia del color de la piel, el sexo, religión, etc.
La proporcionalidad del castigo: El castigo impuesto debe ser proporcional con el delito cometido. De esta forma si el hecho es leve, la sanción será leve también.
La legalidad del Derecho: Independientemente del que el Estado sea el de mayor nivel de jerarquía, sus acciones al sancionar una conducta no puede contradecir la ley vigente. El castigo no puede violar la ley, o de lo contrario el Estado sería un Estado criminal, y de igual modo sería merecedor de castigo.
El respeto al debido proceso: El derecho penal le brinda al acusado la posibilidad de defenderse, de explicar los hechos y de ser juzgado por cada delito que se le impute.
La irretroactividad: Este principio establece que la ley penal administra para el futuro, no hacia atrás en el tiempo.
Esto quiere decir que los delitos que se cometen antes de la vigencia de la ley no pueden ser sancionados por ésta. Aunque puede retrotraerse en el tiempo cuando es benigna.
La máxima taxatividad legal e interpretativa: Las normas y leyes deben ser redactadas de forma coherente. Si no se cumple este principio el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la ley o interpretarla de forma en que el poder punitivo quede restringido.
Entre los principios a favor de los derechos humanos se destacan:
La lesividad: Para que un ciudadano sea castigado tiene que existir un daño. De modo que en todo delito debe de existir un lesionado y/o una consecuencia en la sociedad; o en su falta, la intensión de haber causado el daño.
La humanidad: Todo castigo o pena tiene que estar limpio de crueldades y males innecesarios.
La trascendencia mínima: La pena o sanción únicamente debe ser aplicada al culpable, sin embargo, se plantea que hay una trascendencia, ya que una vez que el acusado es recluido deja de trabajar y por lo tanto no hay sustento para su familia.
La doble punición: No puede juzgarse a una persona dos veces por el mismo hecho, independientemente de la responsabilidad civil o administrativa.
Para que exista el Derecho Penal deben de aparecer una serie de elementos como:
El delincuente: Es la persona que incumple la ley y es acusado por la comisión del delito.
El Delito: Es el incumplimiento de una ley a través de la acción u omisión de un hecho socialmente peligroso, llevado a cabo por el delincuente, del que existen pruebas concretas, versiones y evidencias.
La pena: Es el castigo que recibe la persona que transgredió la ley, debe ser proporcionada al hecho cometido y quien la impone es el Estado.
Un juez: Es una persona con experticia en leyes, encargada de supervisar el buen funcionamiento del proceso y del juicio. Tiene la potestad y la responsabilidad de decidir la culpabilidad o no del presunto acusado.
El Derecho Penal es de vital importancia en tanto implica todo lo relativo al procedimiento que debe de llevarse a cabo para probar un delito y de esta forma, garantizar los derechos del acusado.
No obstante, de la misma manera si éste resulta culpable, se le impone un castigo y deja de constituir una amenaza para la sociedad.
Es de esta forma que el Derecho Penal protege a la sociedad, garantizando la seguridad de los inocentes y víctimas, y de igual modo reconociendo los derechos de los culpables.
Esta rama del derecho tiene gran importancia internacional, ya que sus normativas ofrecen la posibilidad de aplicarlo a crímenes que traspasan las fronteras de una nación, como es el caso de los crímenes contra humanidad que son dañinos a la condición humana.
El objetivo del derecho penal es vigilar y resguardar el orden, la paz y la seguridad, previendo las conductas delictivas, para lograr el bienestar de todas las personas en la sociedad, por encima de los intereses particulares de los ciudadanos.
De esta forma queda explícito que el Derecho Penal no solo persigue la estabilidad y seguridad de una nación, sino que se ocupa también del surgimiento y desarrollo de las leyes penales que establecen lo que es o no un delito.
Además, esta disciplina se encarga de orientar en cuanto a las decisiones judiciales establecidas para cada caso.
De igual modo el derecho penal establece los mecanismos con los que la sociedad se protegerá a sí misma y la ideología que existe detrás de las figuras delictivas.
De esta manera el Derecho Penal, además de la imposición de las penas, tiene un alcance muy amplio, porque conlleva al cumplimiento de otras obligaciones subalternas, como el decomiso de los bienes o de los efectos del delito y la suspensión de determinadas actividades como el derecho al sufragio.
La mayoría de las normas en el derecho penal son prohibitivas y pueden ser por una acción u omisión. Por ejemplo: el asesinato de personas, el robo, el hurto, el secuestro, la estafa, el cohecho, la falsificación de documentos públicos y privados.
En el caso de las omisiones, se les llaman normas prescriptivas cuando se penaliza el no actuar o dejar de hacer. Ejemplo de ello es el deber de denunciar, el deber de prestar auxilio.
Por otra parte están las normas permisivas, como es el derecho a la legítima defensa.
También cuando hablamos de circunstancias agravantes como la nocturnidad, la alevosía, el ensañamiento, el abuso de una posición o dominio.
Contrario a estas están las circunstancias atenuantes. Ej. La confesión, la reparación del daño, entre otras.
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